Nos llega hoy la denuncia de uno de los casos de censura más famosos del continente. Y la realiza la víctima misma de este abuso, el periodista argentino Eduardo Kimel. Su pecado fue investigar la masacre de San Patricio y acusar a un juez de negligencia al ver que las huellas de los asesinos conducían a la "entraña del poder militar". Su calvario podría acabar con la despenalización de los delitos de calumnias e injurias en Argentina, lo que significaría una victoria histórica para la libertad de prensa en nuestro hemisferio.
"Mientras los asesinos siguen en libertad, yo soy el único que recibió una condena"
El 4 de julio de 1976 fueron asesinados tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos en la Parroquia San Patricio, de Villa Urquiza. A 29 años del sangriento episodio El Barrio dialogó con el periodista Eduardo Kimel, quien en 1986 escribió un libro que revela los secretos del mayor atentado sufrido por la Iglesia Católica en la Argentina.
Por Daniel Marcovecchio
Es la hora pico de un viernes complicado. El tráfico es un infierno y las bocinas aturden sin pausa. En la jungla de cemento no existe la paz, mientras la muchedumbre corre quién sabe hacia dónde. El bar de la cita se encuentra atestado de gente. Todos hablan, gritan... Sólo una mesa en un rincón permanece en calma. Detrás del humo de cigarrillo se encuentra Eduardo Kimel,el periodista que, como si fuera un personaje ideado por Franz Kafka, se vio envuelto en una maraña judicial sin fin.
-¿Qué motivo lo llevó a investigar el caso de los curas palotinos asesinados?
-Esto fue en 1986. Yo estaba haciendo un libro sobre historia política argentina y la misma editorial me propuso buscar un tema vinculado con los derechos humanos. En ese momento se estaba produciendo el famoso juicio a las juntas militares, que era un asunto de debate nacional, y tuve una charla con un compañero de la universidad. Yo estaba estudiando Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, donde él me mencionó aquel suceso. Yo lo recordaba vagamente. Me interesó más el caso en la medida que no se había hablado demasiado del hecho. Había salido una nota en la revista El Periodista de Buenos Aires, una publicación importante de la década del 80, ya desaparecida, donde se hizo una investigación superficial pero por lo menos valiosa. Hablé con unas personas que tenían vinculación, que estaban dispuestas a hablar, a contar cosas. Entonces lo propuse en la editorial y aceptaron. Me puse a trabajar inmediatamente. Entre fines de 1986 y mediados de 1987 ya lo tenía escrito. Esas son las circunstancias objetivas. Las subjetivas eran que el tema me pareció interesante, y muy llamativo, porque el hecho se había producido en el marco del terrorismo de Estado, durante la represión de la dictadura, y tenía dos características que lo distinguían. La primera era que se trataba del ataque más importante sufrido por alguna comunidad de la Iglesia Católica en la Argentina en toda su historia. Y la segunda que en lugar de secuestrar y hacer desaparecer a las víctimas, práctica habitual de aquella época, en este caso se utilizó como forma de represión entrar al lugar y masacrarlas.
-El periodista Rodolfo Walsh marcó un antes y un después del periodismo de investigación.
¿Puede decirse que fue un modelo a seguir?
-Particularmente, no tenía en mente a nadie en especial. Pero es probable, como cualquier conocimiento que uno incorpora de forma válida. Las cosas importantes no siempre están presentes. Por tanto, supongo que el hombre y la obra de Rodolfo Walsh se encuentran en mi trabajo de forma natural, no porque pretendiera o quisiera imitarlo sino que, como otros periodistas que habían hecho buenos trabajos en aquella época, me parecía que era una forma interesante de contar una historia que podría ser apreciada por mucha gente.
-¿Tuvo problemas o amenazas de parte de las fuerzas de seguridad al escribir La masacre de San Patricio?
-No, fue un libro escrito en democracia y había un interés público muy importante en cuanto a los derechos humanos, aunque también hay que contar una pequeña historia dentro de lo que fue escribir el libro. En 1987, cuando se produjo la rebelión militar de Semana Santa contra el gobierno de Alfonsín, la editorial que me había encargado el proyecto me propuso esperar un tiempo para sacar el libro a la venta porque no se sabía cuál iba a ser el rumbo definitivo de estos planteos militares ante la evidencia de que el gobierno radical retrocedía frente a estos problemas. De común acuerdo esperamos para publicarlo más adelante. Así, el libro quedó archivado un tiempo. Yo lo presenté en un concurso, en 1989, donde pedían investigaciones sobre temas históricos vinculados con los últimos años y gané el primer premio, que consistía en su edición. De esta manera salió publicado en 1989. No hubo durante todo el proceso de investigación ningún tipo de presiones. En realidad, la principal amenaza o el riesgo producido por la publicación del libro fue el juicio que comenzó en 1991.
-¿Cómo se desarrolló el proceso judicial en su contra?
-El juicio fue un proceso largo. La querella se presentó a fines de 1991 y la inició Guillermo Rivarola, el juez que investigó el asesinato en el primer momento -julio de 1976 hasta agosto de 1977- y al cual yo le dedico una pequeña parte del libro donde cuento, de acuerdo con mi visión, cuál fue su actuación como responsable de investigar el crimen. El se sintió ofendido por lo que yo sostengo en el libro, que esencialmente habiendo cumplido con una serie de formalidades que correspondían no llevó adelante la investigación a fondo. No porque se negara, eso yo no lo juzgo, tampoco lo sé, pero tengo la certeza, y esto lo puede constatar cualquiera que lea la causa, que con los elementos a disposición en ese momento se podía haber llegado a una investigación más profunda. Si no lo hizo se debe a las mismas razones por las cuales el conjunto de la Justicia en la Argentina no investigó los crímenes de la dictadura: es decir no había investigación del Gobierno de facto al cual los jueces en general, y en particular los de orden penal, mostraron obediencia o funcionalidad. Ningún juez investigó los crímenes denunciados; más aún, se sabe que rechazaban los hábeas corpus presentados por los familiares de las víctimas de desapariciones porque sabían que el hecho de requerir al poder político, a los organismos de seguridad y a las instituciones militares la identificación del paradero de las víctimas de la represión significaba colocarse en un terreno de resistencia o de oposición al método utilizado por la dictadura.
-¿Cuál fue el resultado de la causa?
-El juez Rivarola me realizó una querella por calumnias e injurias aduciendo que el párrafo escrito en el libro tenía una acusación hacia él por no cumplir con sus funciones. En 1995 la jueza Angela Braidot, que estuvo a cargo de la primera instancia, me condenó a un año de prisión en suspenso y a pagarle una suma determinada al juez Rivarola en concepto de indemnización, ya que consideró que yo era culpable del delito de injurias. Se apeló la sentencia y en 1996 la Cámara de Apelaciones me absolvió diciendo que no había mérito para condenarme ni por injurias ni por calumnias. Luego el juez Rivarola apeló ante la Suprema Corte de Justicia en la época menemista y logró a fines de 1998 una revocatoria de aquella sentencia que me absolvía y devolvía el caso a la Cámara de Apelaciones, pero de otra sala. En 1999 esa sala me volvió a condenar. Entonces mis abogados y yo apelamos sin éxito ante la Suprema Corte.
-¿Qué hizo entonces?
-En 2001 el estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales, que me defendía, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya sede está en Washington, en la cual denunciamos este caso en primera medida por censurar a la libertad de expresión y al derecho a la información. La segunda crítica fue realizada contra los jueces que me condenaron, ya que lo hicieron en forma arbitraria y sin hacer una mínima lectura de lo que yo escribí. La Comisión mantuvo el caso dos años en estudio, en un trámite que se llama de admisión, y a principios de 2004 aceptó la denuncia que nosotros presentamos al ser avasallado nuestro derecho en las cortes de la Argentina. En marzo de este año hubo una reunión entre mis abogados y representantes de la Cancillería del gobierno argentino en Washington ante la Comisión Interamericana, donde se expusieron las posiciones de las partes y una vez más exigimos que se busque la manera de dejar sin efecto la condena penal y cualquier tipo de multa indemnizatoria por haber agraviado supuestamente al doctor Rivarola. En estos momentos es el gobierno argentino el que tendrá que contestar esos argumentos y no sabemos cuál es la posición que tomarán al respecto. Incluso ha quedado claro que desde que efectuamos el pedido a la CIDH ninguno de los tres gobiernos que hemos tenido durante esos años saben qué contestar. Esto ocurre porque el caso derivado de la masacre de San Patricio constituye una evidencia muy clara de cuáles son los intereses que defienden muchos de los magistrados argentinos y de qué manera se tratan en este país los temas vinculados con la represión ilegal durante la época de la dictadura militar. La demostración más palpable de eso es que mientras los asesinos de los palotinos siguen en libertad y jamás fueron castigados por uno de los hechos más horrendos de aquella época, el periodista que escribió un libro donde se cuenta esta historia dolorosa es el único que ha recibido algún tipo de castigo.
-Esa es la parte mala de la experiencia.
¿Qué fue lo bueno de haber escrito el libro?
-Si bien se trata de un libro breve, tiene buen material. No solamente hay elementos interesantes por sí mismos sino que la manera en la cual están organizados para contar la historia fueron producto de una elaboración que me alegra. No es un libro lineal, que ofrece al lector sólo el conocimiento de este trágico hecho, sino que también aporta un montón de otros rasgos que sirven para conocer la realidad de aquella época, el contexto y, de alguna manera, mostrar la otra cara de esta historia: la justicia, durante la dictadura y luego en plena democracia, fue incapaz -y esto es lo más terrible- de llevar a cabo una investigación que permitiera condenar a los que cometieron el quíntuple homicidio.
-¿Cómo imagina la resolución de su caso?
-Mis abogados pronostican que va a tener una resolución favorable. Esta situación significará dos cosas: una será mi reivindicación como periodista y la otra será la implementación de una sanción para el Estado argentino por no haber protegido los derechos que debería garantizar en cumplimiento de leyes fundamentales como la Constitución Nacional Argentina y el Pacto de San José de Costa Rica.
Les dejo aqui esta entrevista que me parece interesante.
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