Durante la segunda mitad del siglo
XX hasta la fecha la democracia, en relación con los sistemas jurídicos, tiene una gran importancia para el entendimiento del fenómeno del Derecho. El presente
escrito surge a partir de la lectura y realización de un análisis alrededor de
un ensayo publicado en el libro “Estudios Jurídicos en Memoria de Eduardo
García Máynez” titulado “Acceso a la Justicia y Estado
Democrático” por el Dr. Rolando Tamayo Salmorán.
El ensayo comienza con un desarrollo
analítico en torno a la concepción de Política, que es bastante ilustrativo, cabe mencionar, pero para objeto de esta reflexiones lo dejaré al margen.
Profundizando en la lectura, el Dr. Tamayo comienza el desarrollo sobre el trato
igual y el procedimiento, destacando dos elementos importantes para el discurso jurídico
y político, que aunque pueden ir juntos, son independientes uno del otro. El
primero es el trato igual que los hace o “califica” para ser titulares de
Derechos. El segundo es la capacidad o la posibilidad de existencia de una
serie de conjuntos procedimentales, estos con la intención de la exibilidad y
aseguramiento de los derechos de la sociedad.
De lo anterior, me parecen
interesantes las relaciones entre Política y Derecho existentes, primeramente
porque tanto para el Derecho como para la Política, la igualdad es necesaria. La equidad ponderada
para al acceso de la justicia, como en el sistema de toma de decisiones en un
país. Segundo, la necesidad de tener instituciones que puedan asegurar esa misma
equidad para el acceso a la justicia.
El tema parte de la equidad y el acceso a la justicia, que
muestran la necesidad de la existencia de la democracia en un país para el
aseguramiento de los derechos- entendiendo derechos como a los que funcionan
dentro de un sistema jurídico positivo- pero que también nos muestra las
obligaciones que surgen o derivan de un sistema democrático. Tenemos que para
un sistema democrático la obligación de no interferir en el ejercicio de los
derechos del otro es vital, y segundo asegurar todos los medios necesarios para
el aseguramiento de no interferir en los derechos del otro. Si la democracia
es, al menos, un conjunto de derechos, entonces resulta parte del argumento la
tesis de que debe haber igual acceso a la administración de justicia, entonces,
en un Estado democrático cuyo imperativo es trato igual, los beneficios
obtenidos por aquellos que acceden, tienen que ser extendidos a los que no
acceden.
Observo que ante la mayoría del
ejercicio democrático de los países, hacer una reflexión sobre ésta relación
saliente de la democracia entre política y ordenamiento jurídico, son
importantes tanto para los que detentan el poder como para los operadores
jurídicos, ya que los detentadores del poder deben promover la democracia para
obtener legitimad e igualdad de oportunidades en una sociedad, igual de
importante es para los operadores jurídicos promover la democracia, para que
así, el funcionamiento del aparato normativo -entendiendo el funcionamiento como
igualdad de oportunidades ante el acceso de la justicia- de un determinado
Estado se vea beneficiado, esto con la intención de que no se tache de elitista o excluyente de sectores
vulnerables o marginados de la sociedad.
Me es importante concluir que para lo tiempos
modernos, la concepción del discurso jurídico y político no son aislados, tiene
elementos importantes que no podemos soslayar, elementos que son necesarios
para la creación o la transformación de nuevos paradigmas ante la gran
desigualdad que existe en el mundo. Algunos podrían pensar que la democracia tiene
como intención, la correcta distribución de los beneficios y costos, para
otorgar una mayor participación en un país. Así lo contempla el Dr.
Tamayo; ante el acceso a la justicia se necesitan medios para invocarla, pero no nos podemos denominar un sistema democrático cuando la mayoría
de la población no puede aspirar a esta. En
el caso que el Estado no genere oportunidades igualitarias de acceso a la
justicia, es importante denunciar que se está disolviendo con el principio
de igualdad, el cual afecta a la democracia y al acceso a la impartición de Justicia.
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