AUTORITARISMO PERSISTENTE EN MÉXICO

AUTORITARISMO PERSISTENTE EN MÉXICO

En México, el recrudecimiento de las penas, la sofisticación de los métodos de tortura, la imposibilidad de las autoridades estatales para encontrar responsables ante las violaciones a derechos humanos y la campaña de simulación emprendida por el gobierno federal coludido con las principales cadenas de televisión y los gobiernos estatales, son tan solo algunos indicadores del creciente autoritarismo que ha venido experimentando la región mesoamericana en las dos últimas décadas. Situación claramente incompatible con el enfático discurso de las autoridades electorales  y los partidos políticos para difundir una democracia inexistente.

En tiempos electorales, el discurso de la simulación aumenta y las campañas publicitarias de los candidatos contaminan todos los espacios públicos. La desinformación en la sociedad se traduce en votos para los partidos políticos y obtención de beneficios durante los siguientes gobiernos para los grandes empresarios; por otro lado, significa la imposibilidad de generar una conciencia social que permita a la sociedad civil organizarse, conocer y comprometerse con sus obligaciones, así como exigir el efectivo cumplimiento de sus derechos.

La violencia que siembra el narcotráfico va pasando de moda, convirtiéndose en algo común, en el pan de cada día. En su ensayo “La democracia y las drogas en América Latina y el Caribe”, Eduardo Gamarra describe detalladamente la incidencia del narcotráfico en los estados latinoamericanos, problema altamente difundido en México y lo que resulta más alarmante es que como él mismo refiere: “ se piensa primero en la seguridad y sólo después en la cuestión de los derechos civiles básicos…la reforma judicial ha privilegiado los intereses del Estado en temas penales…”, lo que es una amenaza latente, un autoritarismo creciente.

        El Movimiento Zapatista, que puso en jaque al gobierno mexicano ante la comunidad internacional y la llamada Guerra Sucia de los años setentas van quedando en el olvido.

Durante el sexenio de Vicente Fox, y debido a la insistencia de algunas ONGs en defensa de los intereses de algunas comunidades afectadas por la Guerra Sucia, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; la cual fue desaparecida al finalizar dicho periodo. Los resultados de esa unidad “especializada” dejaron mucho que desear. Sus objetivos eran la investigación de los delitos ocurridos en dicha guerrilla, encontrar a los responsables y sancionarlos efectivamente. Desafortunadamente los factores políticos y la corresponsabilidad de los altos mandos del ejército, entre otros funcionarios públicos imposibilitaron el cumplimiento de los objetivos planteados.

Paradójicamente, durante ese sexenio, y de acuerdo con estadísticas del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C., el 30% de los casos de tortura registrados fueron perpetrados por la PFP y el 28% por ciento de los mismos por la PGR. Asimismo, los métodos de tortura más empleados comprendieron amenazas, golpes, humillación, deprivación de necesidades fisiológicas, posiciones forzadas, asfixia, y tortura sexual.

Los estragos de los movimientos sociales mencionados, siguen viendo sus frutos en esas mismas comunidades que se quisieron silenciar, e incluso se han presentado situaciones excepcionales que han generado eco en instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Basta mencionar al Caso Radilla, en cuya sentencia se generó la rigurosa obligación para todas las autoridades jurisdiccionales mexicanas de ejercer un Control de la Convencionalidad Ex Officio, con lo que se dio un giro de trescientos sesenta grados a la forma de concebir los tratados internacionales, lo cuál repercutió en las reformas constitucionales de junio de 2011.

Ante la ineptitud y la falta de voluntad de las autoridades mexicanas se suma el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, mejor conocido como el Caso de los Ecologistas, cuya sentencia fue dictada por la Corte Interamericana en fecha 26 de noviembre de 2010.

Dicha sentencia fue considerada relevante por el equipo de Última Instancia, en virtud de la responsabilidad determinada al Estado mexicano por la violación de algunos derechos humanos reconocidos en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura a dos campesinos del estado de Guerrero, quienes se dedicaban a la protección de sus bosques, los cuales eran objeto de explotación por parte de algunas compañías madereras estadounidenses, coludidas con las autoridades y acaudalados terratenientes de la región. Dichos campesinos fueron privados de su libertad ilegalmente por más de dos años, fueron torturados y su estado de salud se vio deteriorado gravemente. Asimismo, el Juez ad hoc en este asunto, Eduardo Ferrer Mac Gregor, emitió un voto razonado en el que nos explica la complementariedad de la jurisdicción de la Corte Interamericana, evanesciendo la posibilidad de considerar a dicho tribunal como una Cuarta Instancia.

En este caso podemos analizar la falta de independencia de las autoridades encargadas de la investigación de los delitos, así como los privilegios que encarna la subsistencia de fueros, lo cual se traduce en corrupción e impunidad.

Acompáñanos en este episodio de última instancia y haznos saber tu opinión, comenta en el blog, e inicia el debate. El link del episodio es http://ultimainstancia.podomatic.com/player/web/2012-05-06T16_18_48-07_00.

Alejandro JIMÉNEZ ZÚÑIGA*